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martes, 13 de septiembre de 2011

El rincón de pensar (I)


Thatcherismo ortodoxo: provocar conflictos laborales para facilitar privatizaciones by enlazatealquijote

¡Qué pronto se olvida lo que se aprende deprisa!
Fue Thatcher la maestra en camuflar las privatizaciones tras una cortina de conflictos laborales. Los políticos populares que siguen esta línea centran el problema en el conflicto laboral, desvían el debate y se parapetan en argumentos populistas muy a mano en cualquier conflicto laboral (que si ganan mucho, que si trabajan poco, que si son los de la ceja, que si son del 15M, que si anticlericales susceptibles...).



La campaña de intoxicación está servida: que no se hable de privatización (salvo en Rímini, claro). La opinión pública sólo debe ver la punta del iceberg. Margaret Thatcher lo sabía muy bien: el conflicto laboral en tiempos de crisis desacredita a los trabajadores, "se les pide que contribuyan"-decía la famosa carta. Los gobernantes aparecen como prisioneros de la situación económica; su libertad de acción parece secuestrada por los mercados: "no nos queda más remedio que tomar estas medidas" -predican a los cuatro vientos.



Para nuestra desgracia el copy/paste de la estrategia de Esperanza Aguirre es ahora evidente y los profesores asistimos perplejos al desmantelamiento de la Escuela Pública.
¿Vïctimas? Más bien vengadores, diría yo. Nos toca explicar a los ciudadanos lo que está sucediendo. ¿Explicar? ¡Vaya! ¡Por fin algo en lo que podemos defendernos!

Poco a poco irán llegando los datos que demuestran los hechos. El conflicto laboral es una cortina de humo para meterle un tijeretazo al presupuesto destinado a la enseñanza pública.
Es bastante sencillo calcular el porcentaje de plantilla que se reduce con la redistribución de la carga lectiva:

Pasar de 18 a 20 significa despedir a uno de cada 10 profesores.
Es decir, que si ampliamos 2 horas en el aula a cada profesor, se necesitan 9 profesores para absorber el horario de uno de ellos. Para hacer el mismo trabajo que antes hacían 10 profesores, ahora es suficiente con 9 profesores.
Esto supone una reducción de la plantilla de un 10%.
21.457 profesores de secundaria trabajan en la enseñanza pública en la CAM, según recogen los presupuestos de 2011. Haga usted la cuenta y verá que las cifras no cuadran.

La Comunidad de Madrid no se ha limitado a modificar la distribución del horario de los profesores, su política en educación persigue beneficiar a la competencia restando recursos al sistema público.

En definitiva, tendremos que seguir enseñando a leer entre líneas.

Enlace























Os dejo un interesante argumentario extraído de un foro bastante concurrido:
Enlace
La educación no puede ser un negocio




En estos momentos en los que la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid está recibiendo un ataque sin precedentes y en el que los medios de ultraderecha se empeñan en una campaña de comparación entre la enseñanza pública y la concertada, es necesario recordar una serie de cosas:

La educación de la que depende el futuro de un país, y, por lo tanto el futuro de sus habitantes, no puede estar sujeta a las leyes de mercado que, inexorablemente, dejan fuera a aquellos que carecen de poder adquisitivo a los que excluimos, a perpetuidad, del marco social.

1) La educación es la base de la igualdad. La obligatoriedad actual de recibir educación hasta los 16 años garantiza, en teoría, el acceso a una formación igualitaria. Lógicamente entre los alumnos que acceden hay diferencias, de capacidad, de integración social, y la ley prevé todo un sistema de apoyos que garantice que estos alumnos puedan, superando esas deficiencias, integrarse con éxito en el sistema educativo. Solo en el marco de un sistema de enseñanza al que se acceda en igualdad de condiciones y que estipule los medios suficientes que permitan a aquellos niños y jóvenes desfavorecidos por el medio social que les rodea el superar sus deficiencias iniciales, podemos hablar de una sociedad igualitaria.

Esa es la teoría: veamos la cruda realidad

El alumnado. Desde siempre la educación concertada ha empleado filtros y mecanismos que impiden el acceso de estos alumnos con necesidades educativas especiales o perfiles conflictivos a las aulas. La integración no es cosa de la concertada. A pesar de la obligatoriedad de estos centros a asumir alumnos con dificultades, son muchas las estrategias que permiten a estos centros excluirlos de sus aulas con la mirada cómplice de la administración.

Paralelamente, el sistema de mecanismos que permite al alumno superar las deficiencias iniciales para integrarse, con éxito, en el sistema educativo, está siendo desmantelado. Continuar con este proceso progresivo de desmantelamiento supondría, en un plazo no muy prolongado, convertir las aulas de la enseñanza pública en guetos de alumnos a los que se les niega, realmente, el acceso a la enseñanza.

En ese momento la posibilidad de elección entre un centro público y uno concertado será una vana ilusión. Pocos argumentos tendremos que dar a los padres para que escojan una enseñanza en la que su hijo estará abocado al fracaso.
Nos encontraremos entonces con la desaparición no solo de una de las mas importantes conquistas de la democracia: el derecho a la educación libre y verdaderamente gratuita sino con la condena de una parte importante de la sociedad a la marginalidad social.


El profesorado.

Las condiciones laborales del profesorado de la educación concertada distan mucho de ser los de la pública, desde el mismo acceso al puesto de trabajo (habitualmente con criterios que poco tienen que ver con lo estrictamente profesional) como en lo referente a jornada laboral (nº de horas de docencia directa) salarios y, fundamentalmente, el hecho de que el centro educativo sea un negocio obliga al profesorado a una relación con los padres-alumnos (clientes) en la que su propia labor educativa se ve en entredicho. Ya se sabe, “el cliente siempre tiene la razón” y “manda” lo que, en ocasiones implica que se ejerzan presiones sobre los profesores tanto en el campo de los contenidos a impartir como en el de las calificaciones.

2) La educación es la base de la libertad.
La perfecta excusa para justificar el desvío de los recursos económicos de la enseñanza pública a la privada es la defensa de la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Si nos centramos en la defensa de la libertad de los ciudadanos entendiendo que los hijos no son propiedad de sus padres y, por lo tanto, debemos garantizarles el derecho a una educación libre de prejuicios e ideologías, fomentando el espíritu crítico que le permita, en un futuro, tomar sus propias decisiones.
Este tipo de educación solo es posible si la enseñanza está a cargo de un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados. Sólo de esta forma, con una educación libre de prejuicios, ideologías y supersticiones podremos garantizar la libertad del ciudadano a elegir su futuro y el de la sociedad en la que vive.
En ese sentido entendemos que el actual rumbo que toma la administración de la Comunidad de Madrid, con el desmantelamiento al que, en estos momentos, se está sometiendo a la enseñanza pública y con el fuerte apoyo a la educación privada concertada presenta un doble peligro que padeceremos toda la sociedad:

1) La exclusión del sistema educativo real de una parte importante de la sociedad a través de la educación en centros públicos que, gracias al estrangulamiento económico, acabaran por convertirse en guetos en los que los profesores no tendrán mas remedio que convertirse en “agentes del orden” lo que repercutiría en la calidad de enseñanza.

2) La creación de unos futuros ciudadanos educados en un ambiente fuertemente ideologizado al no haberse formado en un tipo de enseñanza que fomente el análisis crítico sino el seguimiento a un “catecismo”.

En ambos casos nos encontramos, entonces, sin los dos grandes pilares de una sociedad democrática: Igualdad y Libertad.

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